Trujillo en Línea.- El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto para asegurar la ejecución y culminación de las obras del Proyecto Chavimochic, declarando de interés nacional y necesidad pública las medidas que lleven hacia ese objetivo.
Mediante esta iniciativa se plantea autorizar a que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), negocie y acuerde modificaciones en el contrato para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores de la tercera etapa del mencionado proyecto.
Se busca con ello viabilizar la culminación de las obras de la presa Palo Redondo, así como terminar de manera anticipada dicho contrato una vez que concluyan las pruebas de puesta en marcha de la mencionada infraestructura, o, en todo caso, cuando culmine un periodo mínimo de operación que garantice su funcionalidad.
La ejecución de esta fase del proyecto Chavimochic se vio afectada por controversias entre el gobierno regional de La Libertad y la entidad contratante y por el fenómeno del Niño, quedando paralizada desde diciembre de 2016, tras registrarse un avance físico y financiero del orden del 36.7%.
Ante ello, dicha instancia regional presentó en dos ocasiones proyectos de adenda al contrato, para reiniciar las obras de la presa Palo Redondo, que no prosperaron. Ante ello, el gobierno ha presentado este proyecto de ley para que se le autorice, a través del Midagri, a negociar y acordar modificaciones tendientes a concretar la construcción de esa infraestructura.
Avances y control
En la sección argumentativa de la iniciativa legislativa, se recuerda que para la ejecución de esta presa se desembolsó 226 millones de dólares al concesionario.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) evaluará y opinará sobre el costo-beneficio de las modificaciones que se planteen al referido contrato, y si estas pueden afectar la posibilidad de estructurar un nuevo esquema de concesión para la construcción de obras vinculadas al proyecto Chavimochic bajo la modalidad de Asociación Pública Privada.
A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Contraloría General también emitirán opinión sobre la propuesta de modificación contractual.
En el proyecto se indica que cualquier modificación contractual no implicará reconocer beneficios adicionales al inversionista contratante, tales como pagos adicionales o compensaciones.(Fuente Andina)
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