Defensoría del Pueblo detecta cuatro conflictos en La Libertad al mes de abril del 2019

Lunes, 20 Mayo 2019 - 8:30pm
Trujillo en Línea.- La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 182, correspondiente al mes de abril de 2019, el cual da cuenta de 184 conflictos sociales registrados (136 activos y 48 latentes). Respecto al mes anterior, se incorporaron cinco casos nuevos, uno de ellos registrado en la provincia de Otuzco, región La Libertad. 
 
En lo que va del año hasta el mes de abril del 2019, la región liberteña ha reportado cuatro conflictos sociales, los cuales se registraron en las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz. De estos, tres son de tipo socioambiental y uno laboral.
 
CASO NUEVO. En abril del 2019 se detectó un nuevo conflicto en la sierra liberteña. Aquí el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del cerro Urpillao y el Frente de Defensa del Medio Ambiente, demandan el retiro del proyecto Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la población de Otuzco.
 
LATENTES. En agosto del 2018, los pobladores del caserío La Ramada, en el distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión exigen a la Compañía Minera Tahoe Perú, el pago de una indemnización por las vibraciones y el polvo generados por las voladuras que se realizan en la unidad minera La Arena. Aquí el conflicto es socioambiental.
 
En octubre del 2016, la población de la comunidad campesina Alpamarca, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, denunció el presunto derrame de relave de la unidad minera del Consorcio Minero Horizonte S. A., y la afectación de la laguna Pias. Además, indican que la empresa no cumplió con algunos puntos del convenio que suscribió el 15 de abril de 2014.
 
Finalmente, en enero del 2018, los trabajadores de la compañía minera Quiruvilca en Santiago de Chuco, solicitan el pago de sus remuneraciones del mes de diciembre de 2017 por concepto de gratificación, beneficios de los pactos colectivos y además, que se continúe con los subsidios de servicios que proveía la mina a los trabajadores (educación, salud, agua potable y electricidad). (Nota de prensa)
 
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