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Trujillo en Línea.-La Fiscalía de la Nación atribuye al presidente Pedro Castillo el presunto liderazgo de una organización criminal que habría intervenido en ascensos militares y policiales el año pasado.
La supuesta red estaría integrada por Castillo, el exministro de Defensa Walter Ayala, el ex secretario general de la presidencia Bruno Pacheco y otros funcionarios y oficiales de alto rango.
Por ello, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió incluir a Castillo en una investigación que ya se seguía contra Pacheco y Ayala.
Los tres involucrados habrían solicitado de forma indebida ascender al grado de general a los oficiales Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama en el Ejército, Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruiz y Helber Vilca Vargas en la Fuerza Aérea, y Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Súclupe en la PNP, según la fiscalía.
Además, Castillo, Pacheco y Ayala habrían buscado beneficiarse económicamente con los ascensos irregulares.
La fiscalía señala que Pacheco condujo las actividades irregulares desde la Secretaría General de la Presidencia, donde se habría reunido con coroneles de la PNP. En tanto, Ayala habría apoyado el hecho ilícito.
Para la fiscalía, ambos “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” a favor de oficiales cercanos al jefe del Estado.
Por este caso, el presidente está citado a declarar ante la Fiscalía de la Nación para el 4 de agosto. También se dispuso tomar las declaraciones de la lobbista Karelim López el 18 de julio, el empresario Zamir Villaverde el 19 de julio, Bruno Pacheco el 3 de agosto y seis oficiales del Ejército.
Se trata de la segunda investigación contra el mandatario por organización criminal. La primera lo involucra también como cabecilla de una red integrada por Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y otros funcionarios que habrían manipulado millonarias licitaciones públicas para favorecer a empresas que realizaron aportes de campaña.
En total, el mandatario tiene tres investigaciones preliminares activas. A las dos mencionadas se suma la del presunto plagio de su tesis de maestría por la Universidad César Vallejo (UCV).
Decisión fiscal
La medida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deja sin efecto la disposición emitida por la extitular del Ministerio Público Zoraida Ávalos, que suspendía la investigación preliminar al presidente por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso de los ascensos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, consideró que la decisión de Benavides no solo “resulta controversial”, sino “contraria al marco constitucional”. Agregó que “viola el precedente” que existe en la misma Fiscalía de la Nación respecto a que, inicialmente, en esta instancia se suspendió la investigación preliminar a Castillo por los ascensos en las FF.AA.
En una conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Chero dijo que la nueva disposición de la titular del Ministerio Público “no tiene una base sólida de fundamentación”.
Por su parte, Benji Espinoza, abogado de Castillo Terrones, interpuso un recurso de nulidad en contra de la disposición que da inicio a los actos de investigación contra su cliente, que calificó de “inconstitucional”.
“¿Benavides dejó sin efecto la disposición de Zoraida Ávalos? No. La disposición es cosa decidida. A nivel judicial, es cosa juzgada, a nivel fiscal es cosa decidida”, expresó.
El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que solo una sentencia judicial en instancia final puede establecer una “cosa juzgada”. “El señor Espinoza es un abogado con perfil político y juega con variables no solo jurídicas, es muy probable que su recurso de nulidad vaya a ser desestimado”, subrayó.
En comunicación con El Comercio, Maldonado afirmó que el hecho de que el presidente Castillo tenga tres investigaciones preliminares abiertas hace “incompatible” que continúe al frente del gobierno. “Debe renunciar o el Congreso adoptar una decisión legítima y no con fuegos artificiales, como esta denuncia constitucional por traición a la patria. La situación actual hace insostenible que él siga de mandatario”, acotó.
La abogada penalista Romy Chang dijo que tampoco se puede hablar de “cosa decidida”, porque Ávalos no emitió un pronunciamiento de fondo.
“No hay cosa juzgada ni cosa decidida, a nivel de la fiscalía, porque la disposición de Ávalos respondió a una interpretación que ella hizo de la Constitución. Sobre este aspecto no podemos hablar de cosa decidida, no hubo un pronunciamiento de fondo que resuelva la controversia, que diga si es culpable o inocente”, manifestó.
Chang refirió que ya dos fiscales de la Nación, en referencia a Benavides y Sánchez, han dicho que la interpretación de Ávalos “no fue la correcta”.
Indicó que la nueva investigación preliminar al jefe de Estado lo deja en una situación “bastante complicada”. Añadió que mientras más pesquisas enfrente, el Ministerio Público tendrá más elementos para establecer si existe un patrón de comportamiento de parte de Castillo, en el sentido, de operar y permitir el tráfico de influencia a través de su entorno. (Fuente diario El Comercio)
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