Sunedu reafirma en el Congreso su respeto absoluto a la autonomía universitaria

Trujillo en Línea.- El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Dr. Oswaldo Zegarra Rojas, se presentó en el Congreso de la República para informar ante la Comisión de Educación sobre el último proceso electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP).

Durante la exposición, el superintendente Oswaldo Zegarra recalcó que la SUNEDU no es una institución política ni responde a intereses de ningún tipo, por el contrario, respeta la autonomía de los comités electorales universitarios. 

Asimismo, Zegarra rechazó las afirmaciones formuladas en torno a que la SUNEDU interviene en las decisiones académicas de las universidades. “Hay un respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Me parece lamentable que se diga que nosotros decimos qué cosa tienen que enseñar las universidades. El respeto irrestricto a la autonomía académica, a la actividad administrativa, económica y de gestión, lo tenemos muy claro y nunca hemos intervenido en las competencias de la universidad. Las posiciones políticas las respetamos, pero no las compartimos”.

Posteriormente, Fernando Lazarte, director de Supervisión de la SUNEDU, aclaró que la superintendencia no interviene en el proceso de elecciones de autoridades universitarias, sino verifica que el proceso se realice conforme a lo establecido en la Ley Universitaria. Asimismo, señaló que en el caso de la Universidad Nacional de Piura la SUNEDU actuó en respuesta a denuncias presentadas. La Defensoría del Pueblo y la Oficina de Control Institucional de la UNP publicaron informes sobre acciones irregulares en dicho proceso electoral. 

“Nosotros no intervenimos ni tenemos la capacidad de ordenar la nulidad del proceso electoral, eso lo hace la universidad en el marco de sus competencias”, agregó Lazarte.

La SUNEDU, en el marco de sus facultades recogidas en la Ley Universitaria, verifica el correcto cumplimiento de la implementación de los procesos electorales, con el objetivo de promover la protección de los derechos de docentes y estudiantes a participar en el gobierno de las universidades públicas y garantizar la legalidad de sus resultados, en el marco de la autonomía universitaria.