Alerta de amenaza contra el periodismo de investigación

Viernes, 26 Abril 2019 - 12:45pm
Trujillo en Línea.- La Fundación Gustavo Mohme Llona expresa su profunda preocupación por una reciente decisión judicial que pone seriamente en riesgo el ejercicio del periodismo de investigación y la libertad de expresión en el Perú.
 
El 4 de febrero, el 15 Juzgado Penal de Lima, a cargo de de la jueza Isabel Flores Alberto, admitió una querella tramitada por Miguel Arévalo Ramírez, un investigado por presunto lavado de dinero del narcotráfico, contra los periodistas de investigación Edmundo Cruz y Óscar Castilla (Ojo Público).
 
La decisión judicial contempla el embargo preventivo de los bienes de ambos hombres de prensa, para lo cual incluso pide que informen sobre sus bienes susceptibles de embargo.
 
La defensa legal de los citados periodistas, a cargo de Carlos Rivera Paz, ha recordado que el denunciante ha presentado hasta la fecha diez acciones judiciales y en cinco casos ya hubo decisión de archivamiento.
Rivera Paz recalcó que a la fecha existe otro proceso en curso por los mismos hechos y contra los mismos periodistas, Edmundo Cruz y Óscar Castilla, en el Quinto Juzgado Penal de Lima, por lo que no debió salir la resolución con las medidas de embargo del 15 Juzgado Penal de Lima.
 
Por otro lado, la jueza no notificó en forma adecuada a los periodistas, pues solo envió la decisión y la resolución del embargo, sin incluir la copia de la denuncia, impidiendo conocer los argumentos y/o pruebas que sustenten la querella.
 
El ciudadano Miguel Arévalo Ramírez tiene acciones judiciales en proceso contra los periodistas Gustavo Mohme Seminario y César Romero (La República), Cecilia Valenzuela, Miguel Ramírez, Marco Zileri y César Prado (Caretas), situación que podría evidenciar un patrón de comportamiento orientado a intentar amedrentar a la prensa. 
 
Por lo expuesto, la Fundación Gustavo Mohme Llona insta al Poder Judicial a adoptar las acciones necesarias que permitan vigilar el pleno cumplimiento de los principios del debido proceso y garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión. (Fuente: https://fundacionmohme.org)
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