
Trujillo en Línea.- Tras la denuncia presentada por estudiantes de la Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) en mayo del presente año, contra el docente Pablo Javier Morachimo Borrego por presuntos cobros a los alumnos a fin de aprobarlos en los cursos que dicta, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de La Libertad inició las diligencias preliminares correspondientes.
Estas diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Víctor Ricardo Bazán Alagón, quién solicitó al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad la detención preliminar del docente, por el plazo de cinco días, ante la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado; medida que se ejecutó el 18 de julio del año en curso.
El 22 de julio, tras realizarse las investigaciones y diligencias correspondientes, el representante de la Fiscalía solicitó ante el Poder Judicial la medida de prisión preventiva en contra Pablo Javier Morachimo Borrego por el plazo de dieciocho meses.
De acuerdo al fiscal provincial, son dos los hechos que motivaron el pedido de prisión preventiva. Primero, acontecido en marzo de 2021, cuando Morachimo Borrego solicitó a uno de sus alumnos de los cursos de Gestión de Procesos Agropecuarios y Topografía General, un importe dineral a fin de colocar una nota aprobatoria. Posteriormente, nueve de sus alumnos reunieron la suma de novecientos soles (S/. 900.00), que fueron depositados en dos cuentas bancarias proporcionadas por docente y que son de titularidad de dos de sus familiares.
El segundo hecho, ocurrido en agosto de 2021, donde el profesor habría solicitado al delegado del séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia en el curso de Economía y Finanzas, una suma de dinero para colocarle una nota aprobatoria a él y a sus compañeros de curso. Posteriormente, más de veinte alumnos reunieron la suma de novecientos sesenta (S/. 960.00), los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria, proporcionada por el mencionado docente y de titularidad de su cónyuge.
Ante estos hechos, la autoridad judicial, en la audiencia realizada el 23 de julio del año en curso, consideró que el pedido del Ministerio Público sí cumple con todos los presupuestos para la imposición de una prisión preventiva (graves y fundados elementos de comisión, pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad y peligro procesal); sin embargo, al ser una persona mayor (65 años) el investigado y en aplicación del artículo 290 del Código Procesal Penal, se le impuso la medida de detención domiciliaria por el plazo de dieciocho meses, con la prohibición de comunicarse con los denunciantes y testigos, así como también un pago de una caución de diez mil soles. (Redacción Central)
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