Defensoría del Pueblo detectó irregularidades tras inspeccionar 330 escuelas públicas en todo el país

Trujillo en Línea.- La Defensoría del Pueblo supervisó 330 instituciones educativas (IE) públicas, de nivel primaria, en la que se detectó algunos problemas existentes en el proceso de matrícula 2017 y en la infraestructura escolar.

Esta supervisión permitió constatar situaciones que restringen el derecho de acceso a la educación. El 61% de las instituciones educativas no cumple con publicar los criterios de ingreso y el 12% requiere la presentación de documentos para formalizar la matrícula no contemplados en las normas, como constancia del SIS o EsSalud, partida de bautizo, informes médicos y/o sicológicos o poder notarial.

Se pudo evidenciar también, que el 38% de las IE realiza cobros por útiles y material educativo, gastos administrativos, y pago de profesores; vulnerando la Constitución Política que establece que la educación básica y pública es gratuita.

Con relación a la infraestructura escolar, el 52% requieren rampas, principalmente en el acceso al local escolar, a las aulas y a los servicios higiénicos. Adicionalmente, se tiene que el 75% no cuentan con servicios higiénicos adaptados para el uso de personas con discapacidad.

Asimismo, sólo dos instituciones educativas, ubicadas en la ciudad de Lima, indicaron haber recibido los recursos para la ejecución del “Programa anual de mantenimiento de infraestructura y mobiliario escolar del año 2017”.

En cuanto a los servicios básicos, el 32% no tiene servicio de telefonía operativo, y un 26% sufrió el corte, por falta de pago, de algún servicio como agua, electricidad e internet.

Otra irregularidad a destacar es que el 41% de los locales escolares supervisados no cuenta con una inspección técnica de seguridad en edificaciones.

La Defensoría del Pueblo remitirá al Ministerio de Educación un informe con los resultados de la supervisión, que contiene las recomendaciones a implementarse para garantizar que en los procesos de matrícula escolar no existan restricciones al acceso a la educación, así como para mejorar los problemas advertidos en la infraestructura.(NP)