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Trujillo en Línea.- En el cerro El Toro la minería ilegal ha convertido la zona en tierra de nadie, donde se explota ilegalmente oro, contaminando el medio ambiente y generando muertes, en la más absoluta impunidad.
El último fin de semana, comuneros del caserío de Coigobamba, Huamachuco, de la provincia de Sánchez Carrión, amenazaron con agredir a pedradas a la representante del Ministerio Público para evitar que realice una inspección en unos terrenos ubicados en este lugar, donde, de acuerdo a las primeras pesquisas, se estaría extrayendo ilegalmente el mineral a través de socavones y pozas de cianuro, con el irreversible daño que este químico causa al medio ambiente.
La fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, Dra. Dina Milagritos Santillán Plascencia, en compañía de agentes policiales de la comisaría de Huamachuco, llegó a la zona para realizar la constatación en dichos predios ocupados por Fernando Polo Espejo, tras ser denunciado por el supuesto delito de hurto agravado por sustracción de mineral perteneciente a la concesión de la empresa minera que opera en el lugar.
Sin embargo, la autoridad fue rodeada por un grupo de comuneros que impidieron se realice la diligencia fiscal de lo contrario la correrían a pedradas, al igual que a otros fiscales que se han atrevido a poner un pie en el cerro El Toro.
Según informó la representante de la Fiscalía, el caso viene siendo investigado desde el 2017, pero por los impedimentos de los comuneros de dicho caserío no se ha podido avanzar con las diligencias para determinar la responsabilidad de Polo Espejo, quien presenta 10 denuncias por presunta minería ilegal y otros procesos.
“Se les ha exhortado que es una propiedad privada y el dueño ha sido debidamente notificado. Se iba a verificar en la propiedad si es que se está extrayendo mineral ilegalmente que correspondería a la empresa minera. Se va dejar constancia y se va oficiar que nos iban a correr a pedradas como a otros fiscales. Es lamentable porque ellos mismos se quejan que hay contaminación y no permiten verificar”, sostuvo la Dra. Santillán Plascencia, quien tuvo que marcharse por temor a las agresiones.
Dato: A través de imágenes áreas se pudo constatar la existencia de posas en terrenos colindantes al vivero perteneciente a la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, y en terrenos de propiedad del Estado que han sido ocupados por el investigado.
El caso también está en manos de la Defensoría del Pueblo que solicitó al titular de la fiscalía Provincial de Sánchez Carrión, Jorge Luis Fernández Urteaga, para que le informe sobre el estado actual y el resultado de las investigaciones en torno a este hecho ilícito.
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