Trujillo en Línea.- El exfiscal José Domingo Pérez indicó que, inicialmente, ejercerá la defensa del exmandatario en el proceso por conspiración para la rebelión y que, "en los siguientes días", hará "el apersonamiento en relación a los demás casos"

El exfiscal provincial José Domingo Pérez anunció este lunes que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente está recluído en el penal de Barbadillo por su responsabilidad en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

El exmandatario remitió un escrito dirigido al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual indicó que Pérez Gómez ejercerá su representación legal, "de manera conjunta con los abogados apersonados", por lo que pidió las facilidades del caso.

Asimismo, en un video publicado en la página de Facebook Escuela Jurídica Incega, José Domingo Pérez señaló que Castillo Terrones "se encuentra injustamente recluído" y que se suma al "proyecto político de un presidente secuestrado camino a su libertad".

"Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos y peruanas que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo que se encuentra injustamente recluido en este penal. El proceso penal contra el presidente Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo […], sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada", indicó.

"En momentos en que el Perú demanda la libertad de Pedro Castillo, vamos a hacer la resistencia legal para lograr ella en el ámbito judicial. Por ello llevo el mensaje del presidente Castillo sumándome al proyecto político de un presidente secuestrado camino a su libertad", añadió.

En esa línea, en otro video publicado en esa página, el exfiscal indicó que, inicialmente, asumirá la defensa en el proceso que se sigue al expresidente por conspiración para la rebelión y que, posteriormente, se apersonará en los demás casos.

"En principio, estoy en el juzgamiento que conllevó a esta injusta condena. En los siguientes días, vamos a hacer el apersonamiento en relación a los demás casos que tiene. El objetivo es lograr la libertad del expresidente Pedro Castillo", sostuvo.

"El ejercicio de la defensa que le asiste al presidente Pedro Castillo lo vamos a realizar. De la misma manera como he defendido a la sociedad, lo voy a hacer porque considero que esta es una causa justa [y] la justicia también debe asistir al presidente Pedro Castillo", puntualizó.

JNJ NO RATIFICÓ A JOSÉ DOMINGO PÉREZ COMO FISCAL

El pasado 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, a través del cual estuvo a cargo de investigaciones como las del caso Cocteles y Rutas de Lima.

La decisión de la junta se basó en que el referido magistrado, "tras la ponderación conjunta de los elementos verificados durante el proceso de evaluación", no alcanzó la "convicción positiva necesaria para renovar su continuidad", por lo que "se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente".

Ante ello, organizaciones de defensa de derechos humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) calificaron la decisión como un atentado contra la independencia judicial.

"Esta decisión, que en la práctica implica su separación del cargo, se adoptó sin garantías básicas de debido proceso, ya que no se le notificó el informe que contiene los supuestos hechos que han sido utilizados para evaluarlo y no ratificarlo. En consecuencia, no tuvo la oportunidad de presentar objeciones ni se le escuchó en audiencia pública, impidiéndole ejercer su derecho de defensa", indicaron dichas organizaciones en un comunicado conjunto, emitido el pasado 21 de marzo.

"Instamos a que se restablezcan las condiciones necesarias para que las investigaciones de corrupción de alto nivel puedan desarrollarse con independencia y sin interferencias indebidas, y a que las autoridades jurisdiccionales competentes examinen estas graves vulneraciones y adopten decisiones conforme a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos", puntualizaron. (Fuente RPP Noticias) (Fuente ILAD Media)